La organización de usuarios y consumidores (ocu) y la asociación de usuarios de servicios bancarios de Venezuela (Asuserbanc) solicitaron a la asamblea nacional (AN) retomar el proyecto de ley de tarjetas de crédito y débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, ya sancionada por la an, pero nunca promulgada por el ejecutivo nacional.

La Ocu y Asuserbanc hicieron llegar una comunicación a los diputados Darío Vivas y Rafic Souki Rincón en la que le hacen el planteamiento.

Ambas organizaciones esgrimen en la comunicación que “toda vez que pese a que los usuarios del sistema financiero contamos con una favorable decisión del tribunal supremo de justicia, que ordenó algunas regulaciones del producto tarjetas de crédito, considerado por el máximo tribunal en su análisis de acción intentada por intereses difusos y colectivos en el caso tarjetas de crédito, juicio en el cual formáramos parte como demandantes, la misma expresa lo siguiente: “a juicio de la sala- da al uso de las tarjetas un contenido social, que merece la atención del estado, máxime cuando el estado es social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional), y los consumidores de las tarjetas pertenecen a clases sociales, cuyos miembros, al pertenecer a esos sectores sociales, también requieren protección en su calidad de vida.”

Nuestra solicitud se fundamenta, en lo expresado por la sala constitucional en el referido juicio donde tomó en consideración para decidir lo siguiente: “además, que es evidente el carácter lucrativo que para las entidades bancarias y financieras tienen las operaciones con tarjetas de crédito, por lo que siendo un derecho constitucional el “…dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social…” (artículo 112 constitucional), corresponde al estado mediante los organismos de control y vigilancia del sector financiero (superintendencias de bancos y otras instituciones financieras y banco central de venezuela) regular de inmediato lo relativo a las tarjetas de crédito, mientras la asamblea nacional no dicte una ley especial al respecto, y así se decide.”

Como podemos observar, la propia sala del tribunal supremo de justicia dejó abierto el espacio para que nuestra asamblea nacional legisle al respecto.

Somos del criterio que aún nos encontramos con algunos vacíos que solamente podrían ser resueltos mediante este instrumento legal.

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La Organización de Usuarios y Consumidores (OCU) de Venezuela y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de Venezuela (Asuserbanc) insisten ante las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) que analice nuevamente un ajuste de las tasas de interés activas para las tarjetas de crédito. El presidente de la OCU Venezuela, Wolfgang Cardozo Espinel, señaló a ABN que ambas organizaciones están considerando solicitar al Tribunal Supremo de Justicia una aclaratoria de la sentencia emitida en agosto del año pasado sobre el tope máximo de las tasas de interés para las tarjetas de crédito.

"Insistimos ante las autoridades del BCV que las tasas de interés deben ser analizadas y ajustadas a la realidad económica del país. Visto que en la última decisión del directorio, la autoridad monetaria, contrariamente a lo esperado por los usuarios, elevó las tasas activas, como el caso de las tarjetas de crédito de 28% a 32%".

A su juicio, algunas de las recientes medidas tomadas por BCV son plausibles, pero otras relativas al establecimiento de nuevos topes y el ajuste al alza de la tasa activa de interés para las tarjetas de crédito afectan a los usuarios del sistema.

En efecto, detalló que su organización junto con Asuserbanc enviaron, esta semana, una solicitud de audiencia al presidente del ente emisor, Gastón Parra Luzardo, a los fines de intercambiar criterios y "exponerles nuestras opiniones con respecto a las últimas decisiones tomadas por el BCV".

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Wolfgang Cardozo Espinel, presidente de OCU- Venezuela, considera que el cobro desmedido de comisiones deteriora la capacidad de ahorro de los usuarios del sistema financiero.

La directiva de la Organización de Consumidores y Usuarios de Venezuela  (OCU – Venezuela ) y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios de Venezuela  (Asuserbanc) manifestaron su desacuerdo con algunos de los ajustes y tarifas establecidos por el Banco Central de Venezuela, según la resolución 08-03-02, publicada en Gaceta Oficial Nº 359.850, de fecha 4 de marzo de 2008. Las medidas del ente emisor contemplan tanto el establecimiento de topes máximos para las comisiones, tarifas o recargos, asociadas a las cuentas corrientes, cheques de gerencia, tarjetas de crédito y de débito, operaciones con cajeros automáticos, así como eliminación del cobro de otras comisiones y tarifas.

A juicio de Wolfgang Cardozo Espinel, presidente de OCU-Venezuela, el aumento de los puntos de interés para los depósitos y los que debe pagar el público por el financiamiento con tarjetas de crédito, emisión, mantenimiento y renovación; "son contrarios a lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 10 de julio de 2007, en el caso tarjetas de crédito, razón por la cual estamos considerando solicitarle al Máximo Tribunal una aclaratoria al respecto".

Explicó Cardozo que de acuerdo con la resolución del TSJ, la emisión, mantenimiento y renovación de las tarjetas de crédito es gratis, "por lo que el BCV actúa contrariamente a esta regulación", considerando que el ente emisor establece tarifas en esta materia.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con el ajuste de las tasas de interés de las tarjetas de crédito en 32%, "pues éstas debían fijarse anualmente y no se ha llegado al año todavía. Además, la tasa no es social, es muy alta y perjudica a los usuarios que las utilizan, incluso, para el pago de la comida".

Aunque con esta decisión, el directorio del BCV busca "reducir el costo de los productos y servicios que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes, incentivar el uso de los instrumentos de pago e incrementar los niveles de bancarización", Cardozo aseguró que pedirán una revisión de la misma.

Ejercicio bancario
Es de resaltar que recientemente estas organizaciones solicitaron una revisión de los resultados que presentó el sistema financiero por concepto de utilidades, obtenidas durante el ejercicio fiscal 2007, en especial las cuentas de ingresos que reflejan los beneficios por "comisiones y servicios".

Aseguran que de acuerdo con los informes de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), "el monto alcanzado en enero del año en curso por concepto de las comisiones por servicios bancarios, constituyeron el 79,93% del resultado neto, equivalente a 563 millones de bolívares fuertes durante del cierre del primer mes de 2008".

En ese sentido, sostienen que "las comisiones y servicios bancarios además de ser injustas para los usuarios, han dado como resultado unos altos o excesivos márgenes de utilidad por dicho concepto, en consecuencia ratificamos la necesidad de que las ganancias de la banca por ese concepto deben ser revisadas y adecuadas a la naturaleza propia de los servicios que prestan las instituciones financieras".

Gaceta Oficial 38.883
Sobre esta materia, el Banco Central de Venezuela emitió una resolución, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.883, mediante la cual se dispone que los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras, no podrán efectuar cobro alguno a sus clientes por concepto de comisiones, tarifas o recargos derivados de la tenencia de cuentas de ahorros, así como por cualquier transacción, operación o servicio efectuado respecto de dicha cuentas, cuando estas estuvieren directamente relacionadas con las mismas.

Asimismo, dispone que los bancos, entidades de ahorro y préstamo y demás instituciones financieras, no podrán cobrar por sus operaciones activas con tarjetas de crédito, una tasa de interés anual superior a treinta y dos por ciento (32%), ni inferior a diecisiete por ciento (17%). (MRC).

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